EL ESTADO, A TRAVÉS DEL GOBIERNO FEDERAL, HA UTILIZADO A LAS ENTIDADES PARAESTATALES EN LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A PRECIOS SOCIALES REDUCIDOS, EN LA ATENCIÓN DE LAS NUMEROSAS ÁREAS PRIORITARIAS DE LA ECONOMÍA NACIONAL, EN LA PRESTACIÓN DIRECTA DE DIVERSOS SERVICIOS PÚBLICOS, EN LA ATENCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EN LA OBTENCIÓN O APLICACIÓN DE RECURSOS PARA FINES DE ASISTENCIA PÚBLICA Y, ESPECIALMENTE, PARA APROVECHAR EN FORMA EXCLUSIVA LOS RECURSOS NATURALES DEL PAÍS. PARA FRENAR LA PREDOMINANTE INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA NACIONAL, EN FEBRERO DE 1983 SE APROBARON REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN QUE FUERON LA BASE DE LA POLÍTICA DE DEPURACIÓN DEL SECTOR PARAESTATAL DE LOS SIGUIENTES REGÍMENES PRESIDENCIALES. NO OBSTANTE, LA EJECUCIÓN DE ESTA POLÍTICA NO SIGNIFICÓ NI HA SIGNIFICADO LA DESAPARICIÓN DEL SECTOR PARAESTATAL. EL HECHO DE QUE EN LOS ÚLTIMOS TRES SEXENIOS EL GOBIERNO FEDERAL HAYA CREADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS Y EN MUY POCAS OCASIONES EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL ES INDICATIVO, POR UNA PARTE, DEL ALEJAMIENTO DE LA POLÍTICA INTERVENTORA ESTATAL EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS Y, POR LA OTRA, DE LA TENDENCIA GUBERNAMENTAL DE REORIENTAR LOS OBJETIVOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES. EL PROPÓSITO DE ESTA OBRA ES PRESENTAR UN PANORAMA GENERAL, EXCLUSIVAMENTE DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL, DEL SECTOR PARAESTATAL Y HACER NOTAR SU TRASCENDENCIA EN EL PLANO NACIONAL COMO INSTRUMENTO DEL ESTADO PARA INTERVENIR EN LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS Y PRIORITARIAS DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS.