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Ramón Serrano Súñer, arquitecto del régimen franquista en sus momentos fundacionales y abogado de profesión, caracterizó los métodos empleados en ese período como la Justicia al revés. A lo largo de cuarenta años, España dejó de ser un Estado de Derecho y el ordenamiento tanto político como jurídico tuvieron como argumento último la represión y como legitimación principal la victoria en la guerra civil. La Administración de Justicia fue sometida a una profunda depuración y cualquier tipo de disidencia quedó sujeta a leyes y jurisdicciones especiales.

En las filas de la abogacía surgirá muy pronto una minoría que orienta su actuación hacia la defensa de los represaliados y de los derechos sistemáticamente conculcados. Representando a los militantes de las organizaciones clandestinas ante tribunales militares primero y ante Orden Público posteriormente; ofreciendo cobertura a los trabajadores al servicio de un movimiento obrero que lucha a un tiempo por la mejora de las condiciones de vida y por las libertades y que van contando para ello con una red cada vez más tupida de despachos laboralistas; trabajando en el seno de los colegios de abogados y los congresos de la abogacía por la amnistía, el fin de las jurisdicciones especiales y el respeto a las garantías procesales; denunciando en los foros internacionales la violación de los derechos humanos los abogados constituyen un soporte fundamental y llamativamente poco conocido- en el largo camino de gestación de las bases de recuperación de la democracia.

Basado en un trabajo previo de rastreo sistemático de las fuentes documentales en archivos de toda España y en una extensa recogida de testimonios orales, este libro ofrece por primera vez una visión de conjunto del recorrido de la abogacía antifranquista desde sus pioneros hasta la transición democrática, marcada por el sangriento crimen contra los abogados laboralistas del despacho de la calle Atocha.

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Ramón Serrano Súñer, arquitecto del régimen franquista en sus momentos fundacionales y abogado de profesión, caracterizó los métodos empleados en ese período como "la Justicia al revés". A lo largo de cuarenta años, España dejó de ser un Estado de Derecho y el ordenamiento tanto político como jurídico tuvieron como argumento último la represión y como legitimación principal la victoria en la guerra civil. La Administración de Justicia fue sometida a una profunda depuración y cualquier tipo de disidencia quedó sujeta a leyes y jurisdicciones especiales.

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En las filas de la abogacía surgirá muy pronto una minoría que orienta su actuación hacia la defensa de los represaliados y de los derechos sistemáticamente conculcados. Representando a los militantes de las organizaciones clandestinas ante tribunales militares primero y ante Orden Público posteriormente; ofreciendo cobertura a los trabajadores al servicio de un movimiento obrero que lucha a un tiempo por la mejora de las condiciones de vida y por las libertades y que van contando para ello con una red cada vez más tupida de despachos laboralistas; trabajando en el seno de los colegios de abogados y los congresos de la abogacía por la amnistía, el fin de las jurisdicciones especiales y el respeto a las garantías procesales; denunciando en los foros internacionales la violación de los derechos humanos… los abogados constituyen un soporte fundamental –y llamativamente poco conocido- en el largo camino de gestación de las bases de recuperación de la democracia.

Abogados contra el franquismo

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